El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de “los cuadernos de las coimas” firmó anoche una durísima y muy inusual resolución: acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, de haber sacado del juicio por sobornos al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la justicia electoral “sin justificación legal”.

Anoche, la Corte fue puesta al tanto de esta decisión. Le envió una nota formal a Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral, para decirles a los ministros que en el caso hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Calcaterra, empresario de la construcción y primo del expresidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo y dijera que los presuntos pagos por izquierda que se descubrió que Calcaterra hizo a funcionarios públicos no debían ser juzgados como sobornos, sino como “aportes de campaña” que no fueron debidamente declarados. La amenaza de pena pasa así de la prisión a la multa.

Según los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), los camaristas de casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se asignaron una jurisdicción que no tenían porque sólo la Corte Suprema podía resolver el conflicto de competencia que promovió la defensa del empresario. Integran el TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Castelli.

Méndez Signori y Canero afirmaron que “la decisión adoptada merced a la queja deducida por la defensa -frente el recurso de casación denegado-, asignándose jurisdicción para resolver el conflicto de competencia (...), adolece de la justificación legal correspondiente”.

Castelli fue incluso más duro que sus colegas: votó que se le pidiera a la Corte que se avocara al caso; es decir, que lo tomara de inmediato para revertir lo que hizo la Casación. Méndez Signori y Canero no accedieron a pedirle eso a la Corte porque si bien coincidieron en que la Casación se excedió en sus atribuciones, entendieron que el fallo que sacó a Calcaterra del caso cuadernos por ahora no está firme y que hay que esperar a que se tramiten los recursos contra esa decisión.

Este miércoles, el fiscal Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de Barroetaveña, Mahiques y Petrone. Y tanto él como la UIF, que es querellante en la causa, pueden ahora presentar un recurso extraordinario para llegar por esa vía a la Corte Suprema para que deje sin efecto el pase del caso Calcaterra a la justicia electoral.

Si bien Castelli quedó en minoría en su pedido de avocación a la Corte, le envió anoche una nota al máximo tribunal “con el objeto de remitirle copia de lo resuelto en el día de la fecha por el Tribunal , a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, en función de las explicaciones dadas en el anteúltimo párrafo del voto del suscripto, en minoría”.

En ese párrafo, Castelli sostuvo que “las particularidades del caso no se ciñen a comunes situaciones judiciales sino a interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”. Dijo que esas particularidades “han sido motivo de expreso tratamiento” en el fallo en el que él quedó en minoría, pero que él entiende que “deben ser informadas inmediatamente y aun como minoría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, habida cuenta que se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino del modo indicado en el presente”.